Reducir el impacto económico de la pandemia de coronavirus se ha convertido en el objetivo número uno de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Activar el conocido “helicóptero monetario” supone la medida más extrema en la cartera de un banco central. Esta medida consiste en inyectar dinero directamente a la ciudadanía para reactivar la economía.
La presidenta fue preguntada por un eurodiputado belga acerca de la posibilidad de que el BCE recurra a esta medida a causa de la pandemia. La respuesta que recibió por parte de la presidenta fue de gran ambigüedad, sin afirmarla ni rechazarla «El Consejo de Gobierno nunca ha debatido el uso del helicóptero monetario. Por tanto, el BCE no ha adoptado una posición común sobre la materia», ha indicado Lagarde.
Quiso matizar en que un proceso de tal magnitud precisa de unas “complejidades operacionales, contables y legales» y que actualmente no cuentan con un análisis exhaustivo de todo su impacto económico y monetario.
No a la monetización de la deuda
La monetización de la deuda ha sido el otro foco de especulación sobre los próximos pasos que dará el organismo regulador. El Banco de Inglaterra ha sido una de las instituciones que ha decidido financiar directamente la deuda que emita.
Lagarde ha querido recordar a los países miembros a través de una carta al eurodiputado Marco Zanni que los tratados de la Unión Europea prohíben expresamente al Banco Central Europeo que adquiera directamente deuda que haya sido emitida tanto por los propios organismos de la Unión como por los gobiernos centrales, regionales o locales que la conforman. Esta restricción, como ha explicado Lagarde, no existe para la deuda corporativa.
La presidenta del BCE ha hecho hincapié en que esta restricción procura «instar a que los estados miembros adopten políticas fiscales consistentes, no permitiendo la financiación monetaria o unos déficits públicos que provoquen unos niveles de deuda pública de los Estados demasiado altos». De este modo, la compra de deuda pública directamente a los estados los disuadiría de adoptar medidas de disciplina presupuestaria.
